Dublín se ha convertido en la capital de Europa. Los ciudadanos irlandeses han tomado en sus manos todo el poder de Bruselas. Y no exagero. El futuro de la Unión Europea depende de la decisión que adopten los irlandeses en el referéndum convocado el 12 de junio. Y es que la República de Irlanda es el único estado de la Unión que someterá a referéndum la ratificación del Tratado de Lisboa. Tras el fracaso del Tratado constitucional, que fue rechazado en las urnas por los ciudadanos de Francia y Holanda en 2005, la UE sólo ha podido salir de la crisis institucional aprobando en la capital portuguesa un Tratado sin pretensiones constitucionales que pudiera desbloquear la situación. Los otros 26 estados miembros no están encontrando problemas para ratificarlo en sesiones parlamentarias, pero la Constitución irlandesa exige dar la voz al pueblo y eso ha sembrado de inquietud las instituciones comunitarias.

Imagen de la campaña de Fianna Fáil por el S�

[Imagen de un acto de la campaña de Fianna Fáil por el Sí al Tratado de Lisboa, con el nuevo Taoiseach Brian Cowen en el centro.]

Sobre el papel no habría de qué preocuparse: casi todo el arco parlamentario del Dáil (más del 95% de los escaños) defiende el Sí (el gubernamental Fianna Fáil, los democristianos del Fine Gael, los Laboristas, los Verdes y los Demócrata Progresistas). Sólo un partido minoritario (que representa al 7% de los votos, aunque sólo cuenta con el 2,4% de los escaños), el Sinn Féin, integrado en la Izquierda Europea, defiende el No. Sin embargo, en los despachos de las cancillerías europeas empieza a cundir la sensación de que “los referendos los carga el diablo”. Y es que, en la última encuesta, los partidarios del Sí cayeron hasta el 35%, ocho puntos menos que en la anterior, mientras que el frente de rechazo aumentó hasta el 31%, siete puntos más que antes. Mientras, el otro tercio andaría todavía indeciso.

Cartel del Sinn Féin defendiendo el No

[Cartel de la campaña del Sinn Féin por el No al Tratado de Lisboa, con la imagen de la eurodiputada Mary Lou McDonald.]

A nadie se le escapa que si Irlanda rechaza el Tratado de Lisboa, la Unión Europea se hundiría en una nueva crisis institucional. Tampoco sería ninguna novedad: en 2001 ya ocurrió algo parecido cuando los irlandeses rechazaron en referéndum el Tratado de Niza. La campaña del No realizada entonces por el Sinn Féin y los Verdes por la izquierda y por grupos religiosos muy conservadores por la derecha derrotaron contra pronóstico a todo el establishment irlandés (gracias, claro está, a una elevadísima abstención: ¡el 65,2%!). Aquel gesto de rebeldía de un pequeño estado sobre la forma en que se articula la construcción europea obligó a modificar el Tratado, que, al año siguiente, sí fue ratificado en las urnas, una vez que se garantizó el respeto a la tradicional neutralidad irlandesa.

Algunos analistas consideran que la dimisión del Taoiseach Bertie Ahern, acosado por acusaciones de corrupción, hay que interpretarla precisamente en relación con el referéndum europeo, para evitar que pueda ser utilizado por parte del electorado en clave interna para desgastar al gobierno irlandés.

Los líderes europeos son conscientes de lo que está en juego, por eso en las últimas semanas tanto la canciller alemana, Angela Merkel, como el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, y el presidente del Parlamento Europeo, Hans Gert-Pöttering, se han desplazado a Dublín para respaldar a los partidarios del Sí. Además, de cara al 12 de junio, Bruselas está tomando algunas decisiones que puedan facilitar el triunfo del Sí: de hecho, la UE ha paralizado todas las medidas que puedan disgustar al electorado irlandés y ha adoptado otras que están resultando rentables especialmente para los empresarios y el lobby ganadero. Este trato de favor incluye el aplazamiento de la armonización fiscal, el endurecimiento de las trabas a las exportaciones de carne de Brasil (principal competencia para la ganadería irlandesa), el aplazamiento del debate de la reforma presupuestaria y el retraso del informe sobre los símbolos de Europa.

En concreto, según informa el diario El País, Durão Barroso ha dado instrucciones para retrasar el debate sobre la reforma del presupuesto comunitario, ampliando el periodo de consultas hasta el 15 de junio. La reforma pretende reducir las ayudas agrícolas (el 40% del presupuesto), que benefician especialmente a Irlanda. También ha dado garantías a los empresarios de que el Tratado no significará la armonización del impuesto de sociedades. Irlanda aplica un tipo del 12,5% a los beneficios empresariales, lo que constituye uno de sus atractivos para captar inversiones, mientras sus competidores aplican tipos mucho más altos (Reino Unido, 30%; Francia, 34,3%; Alemania, 38,9%; o EE.UU., 39,5%).

La Comisión ha dado instrucciones a los funcionarios de Sanidad para “no molestar a los ganaderos irlandeses”. También se ha dado una vuelta de tuerca a las restricciones a las exportaciones de Brasil. Otras fuentes comunitarias aseguran que “se trata sobre todo de proteger la producción europea, especialmente la de Irlanda, uno de los principales exportadores al resto de Europa”.