Nueve años después, un tribunal especial de Belfast comenzó ayer sus investigaciones sobre el asesinato de la abogada especializada en derechos humanos Rosemary Nelson a manos de paramilitares lealistas (protestantes). Nelson, de 40 años y con tres hijos, murió el 15 de marzo de 1999 por el impacto de una bomba que explotó cuando entraba en su automóvil en la localidad de Lurgan, en el condado fronterizo de Armagh (Irlanda del Norte). Este crimen recuerda el del también abogado Pat Finucane asesinado en 1989.
El citado tribunal tratará de averiguar si miembros de las fuerzas de seguridad norirlandesas y británicas colaboraron de alguna manera con los autores del atentado, el grupo terrorista Defensores de la Mano Roja.
La abogada adquirió notoriedad en el Norte de Irlanda por su defensa de un grupo de conocidos líderes nacionalistas y republicanos opuestos al paso de marchas protestantes por el barrio católico de Garvaghy Road desde la iglesia de Drumcree, en la localidad de Portadown.
Antes de su muerte, Nelson comunicó a congresistas estadounidenses y a miembros de Naciones Unidas (ONU) que había recibido amenazas de la Policía norirlandesa de entonces, el Royal Ulster Constabulary (RUC, de mayoría protestante).
Aunque sus acusaciones fueron rechazadas por las autoridades, el RUC nunca llegó a atrapar a los asesinos de la abogada, impunidad que los familiares de Nelson consideran como una prueba de la supuesta connivencia entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares.
Este crimen, cometido un año después de la firma del Acuerdo de Viernes Santo, conmocionó a la comunidad nacionalista del Norte de Irlanda. Sólo la verdad sobre la autoría de este asesinato podrá contribuir a la reconciliación.
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