Irlanda, un paso más hacia la despenalización del aborto

mani contra 8 enmienda

Un comité parlamentario propone liberalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y revocar la Octava Enmienda de la Constitución, que iguala el derecho a vivir del neonato y la gestante. Las negociaciones del Brexit también podrían afectar a las personas que se vean obligadas a viajar allí para abortar.

Marina Leiva (Eldiario.es)

Sólo durante el año pasado se practicaron 3.265 abortos en Inglaterra y Escocia a residentes en Irlanda. A esta cifra hay que añadir los 724 abortos de residentes en Irlanda del Norte. Estas cifras representan más de dos tercios del total de abortos practicados. Casi 4.000 personas que se vieron obligadas a hacer un viaje con el único fin de abortar, según el Ministerio de Sanidad británico.

Savita Halappanavar, de tan sólo 31 años, murió a causa de un aborto séptico. A las 17 semanas de gestación, esta condición –una infección de la placenta y el feto que puede extenderse– acabó con su vida porque no le practicaron un aborto seguro cuando se sabía que el feto no iba a vivir. ¿La razón? Halappanavar estaba en Irlanda, y allí, abortar, incluso en estas condiciones, no es tarea fácil.

Su muerte no fue en vano. La movilización dentro y fuera del país consiguió que el derecho al aborto en circunstancias que ponen en peligro la vida de la persona embarazada se convirtiera en ley estatutaria, conforme al dictamen del Tribunal Supremo en otro caso famoso denominado “caso X” en 1992.

Los dos principales obstáculos para abortar en Irlanda son la estricta legislación –con penas de hasta 14 años de cárcel por abortar de manera ilegal– y la Octava Enmienda de la Constitución, que reconoce igual derecho a la vida al neonato y a la persona gestante.

El pasado miércoles 13 de diciembre, un comité formado por 21 representantes del Parlamento irlandés –el Oireachtas– votó una serie de propuestas previamente presentadas por la Asamblea Ciudadana, compuesta por 99 ciudadanos representantes de la población irlandesa, más la juez Mary Laffoy del Tribunal Supremo, presidenta de la asamblea. El miércoles 20 publicaron el informe final, recomendando un referéndum al respecto.

Se votó a favor de revocar la Octava Enmienda y de permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación –en España es hasta las 14 semanas–. Fueron dos las propuestas de la Asamblea Ciudadana rechazadas por el Comité: la interrupción del embarazo por anomalías fetales no mortales y por razones socioeconómicas. [Podéis ver en este gráfico de The Irish Times el sentido de la votación personal de cada diputado o senador en relación con cada una de las 14 propuestas de la Asamblea de Ciudadanos. Podéis comprobar cómo parlamentarios de un mismo partido votan distinto con total libertad].

votación sobre 8 enmienda

Dos líneas rojas
“En relación con las razones socioeconómicas, las estadísticas sugieren que es durante las primeras 12 semanas de embarazo cuando una mujer se decide en la mayoría de los casos por la interrupción [del embarazo] en base a esas razones”, explica a eldiario.es la diputada Jan O’Sullivan del Partido Laborista e integrante del Comité, que se encuentra entre los que se abstuvieron durante la votación de esta propuesta.

“La legislación siempre puede ser cambiada por un Gobierno futuro, sin necesidad de referéndum. Voté a favor de [la interrupción voluntaria legal a las] 12 semanas sin ninguna condición y por la protección de la salud de la mujer, tanto física como mental y en caso de anomalías del feto mortales “. O’Sullivan explica que propuso revocar la Octava Enmienda de la Constitución, en lugar de reemplazarla, que para ella es más importante.

“La propuesta que no apoyé no incluía límites de gestación y sentí que era ir demasiado lejos. También sentí que una anormalidad fetal que es poco probable que acabe en muerte no es una razón apropiada para permitir la interrupción [del embarazo] sin límites gestacionales”, aclara O’Sullivan sobre su voto en contra de la otra propuesta.

A Mara Clarke, directora de la Abortion Support Network (“Red de Apoyo al Aborto”, ASN por sus siglas en inglés), le preocupa que solamente se someta a referéndum revocar la Octava Enmienda. “Cuando hagan esto todavía habrá una legislación antiaborto en Irlanda”, explica Clarke.

“Y cuando la cambien, habrá que encontrar a gente que practique abortos, así que, incluso si revocan la enmienda y cambian la legislación, hay mucho trabajo por hacer. El Servicio Británico de Asesoramiento al Embarazo tuvieron un programa durante muchos años en el que formaban a estudiantes de medicina cómo hacer abortos, así que hay gente en el país que sabe cómo practicarlos, pero la cuestión es si hay gente que quiera hacerlo”.

Sólo en 2016, se pusieron en contacto con la ASN 801 personas, y más de mil en lo que va de año. La organización ofrece dos servicios principalmente: información y apoyo económico.

“Lo que más hacemos es dar información sobre los métodos más baratos de transporte y de aborto, y también damos información de los dos proveedores con mejor reputación y más seguros, pero ilegal, de píldoras abortivas. No le decimos a la gente que incumpla la ley, sino que si quieren incumplirla queremos que sepan cuáles son las compañías de mayor confianza”, explica Clarke.

Además, la ASN no hace preguntas a las personas que acuden a ellos sobre cómo han llegado a esa situación. “No preguntamos por qué van a abortar ni cómo se han quedado embarazadas, porque los ricos no tienen que hacerlo, ¿verdad?”, sentencia Clarke.

Brexit y aborto
La salida de Reino Unido de la Unión Europea también puede afectar a las personas que se vean obligadas a ir a Inglaterra para abortar. Hasta ahora, cuando no tenían pasaporte –exigido para viajar a Inglaterra desde Irlanda por compañías como Ryanair–, tenían la posibilidad de volar con aerolíneas como Aer Lingus. Clarke pone de ejemplo a eldiario.es el caso de una chica que llevaba 16 de sus 18 años en Irlanda pero aún así necesitaba un visado para viajar.

“Estas cosas tardan y cuestan dinero, si esto se convierte en un problema, a las mujeres les va a costar más tiempo conseguir el papeleo que necesitan para venir y claro, si estamos hablando de abortos, a las 14 semanas se duplica el precio del procedimiento, a las 19 semanas se triplica y el otro problema es que cuanto más avanzado está el embarazo, más difícil es encontrar a alguien que quiera llevar a cabo el aborto, no porque sea duro, terrible, horrible, sino porque el 90% de los abortos se llevan a cabo en estadios tempranos para que no haga falta que haya mucho personal sanitario presente”.

En la presentación del informe, la senadora independiente Lynn Ruane, ha dicho que muchas mujeres se seguirán viendo obligadas a viajar para abortar en el futuro, alegando que muchas no sabrán que están embarazadas hasta pasadas las 12 semanas.

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