El irlandés, lengua oficial de la Unión Europea

Desde hoy, 1 de enero de 2007, la lengua nacional de Irlanda, el gaélico irlandés, se ha convertido en lengua oficial de la Unión Europea. Con el inicio del año, el irlandés se ha incorporado a la oficialidad en las sedes comunitarias, junto al búlgaro y al rumano, con lo que las lenguas oficiales de la UE pasan a ser 23.

El irlandés ya figuraba en nuestros pasaportes comunitarios (An Comhphobal Eorpach. Spáinne). Podéis entreteneros buscando la versión irlandesa en las listas de multitraducciones que aparecen en muchas páginas del pasaporte (la reconoceréis, entre otras cosas, porque aparece después del inglés). La novedad es que, a partir de ahora, las leyes fundamentales y los documentos más importantes deberán traducirse al irlandés; los ciudadanos irlandeses podrán dirigirse a las instituciones comunitarias en su propia lengua, en la que serán respondidos; los eurodiputados irlandeses podrán debatir en su lengua nacional; y los gobernantes y funcionarios irlandeses podrán usarla como lengua de trabajo.

Este acontecimiento es una conquista de las movilizaciones desarrolladas por los activistas en defensa de la lengua gaélica, agrupados en torno a la campaña “Stádas” (que en gaélico significa «estatuto», en referencia al estatuto oficial para el irlandés). En 2004, durante la Presidencia irlandesa de la UE, se recogieron miles de firmas y se celebró una manifestación multitudinaria para forzar al Gobierno de Dublín a pedir la oficialidad del gaélico irlandés en las instituciones europeas. Desde la incorporación irlandesa a la Comunidad Económica Europea en 1971, ninguno de los sucesivos gobiernos de la República de Irlanda había solicitado la oficialidad de la lengua nacional irlandesa en el ámbito europeo. Ha tenido que ser una iniciativa ciudadana la que lo consiguiera. El pasado 13 de junio la UE adoptó el acuerdo sobre la oficialidad del irlandés. Ahora el Gobierno de Bertie Ahern ha anunciado una nueva iniciativa para la promoción de la lengua irlandesa en la República de Irlanda.

En la práctica, la oficialidad del gaélico irlandés significa que todos los Tratados de la UE deberán ser traducidos a esta lengua; se podrá enviar documentación y propuestas a las instituciones europeas y recibir su contestación en irlandés. Sin embargo, debido a un recorte introducido en la propuesta original, sólo la legislación considerada clave deberá ser traducida a este idioma. Así mismo, los eurodiputados irlandeses podrán usar el gaélico irlandés durante los debates parlamentarios, y aquellos que quieran trabajar en Bruselas o Estrasburgo y hablen irlandés podrán contar con una segunda «lengua de trabajo». El nuevo estatus del irlandés le supondrá a Bruselas dedicar 29 puestos a traducción, revisión y publicación y emplear anualmente 450 intérpretes autónomos. El coste para la UE se calcula en unos 3.500 millones de euros al año.

Pero para los activistas y amantes de la lengua irlandesa, la oficialidad del irlandés va más allá que su mero uso en las instituciones. El gaélico siempre se ha encontrado en una posición paradójica en Irlanda. A pesar de ser reconocido constitucionalmente como la primera lengua del Estado y de que se utilice para promover el atractivo de la nación y la cultura irlandesas desde el punto de vista folclórico y turístico, poco o nada han hecho las sucesivas administraciones para apoyar el desarrollo y conocimiento de esta lengua. Tanto es así, que incluso durante los años ‘70 los activistas del gaélico sufrieron el acoso policial y estatal, cuando el uso y la reivindicación de este idioma fue asociado con la pertenencia al movimiento republicano (y, por extensión, al IRA en pleno conflicto armado en Irlanda del Norte). Tras la represión, se está viviendo un resurgimiento del irlandés, pero siempre gracias al esfuerzo de unos pocos que han hecho suya la responsabilidad olvidada hasta el momento por el Gobierno de Dublín. El notable incremento en el número de escuelas de enseñanza en irlandés (gaelscoileanna) se ha debido precisamente al esfuerzo de esos activistas y de sus familias, que han sido responsables de su financiación, sin contar con ningún apoyo estatal.